270.000

Ese es el número de sentencias penales sin ejecutar que reconoce el Consejo General del Poder Judicial de este país. Algo deben tener que ver con ello los miembros del consejo pues entre sus funciones está la de velar por la buena marcha del poder judicial.

Algo, mucho más, tendrá que opinar la administración de justicia, el ministerio de la cosa, pero parece ser que tampoco se pronuncia.

Seguro que tal desbarajuste, que puede calificarse, sin exagerar, como la banca rota del sistema judicial español, no es producto de los escasos días de la actual legislatura, serán la mayoría de la anterior y habrá muchas de la anterior y la anterior, pero no cabe duda que es responsabilidad del ministro actual el poner remedio y hacer que no aumente el desbarajuste.

Surgirán casos como el del pederasta que mató a Mari Luz y todo se volverá rasgamiento de vestiduras, pero lo que puede afear la gestión de varios ministros y algunos ministerios no conviene sacarlo a la luz.

Puede ser que venga algo porque, cuando los mortales nos comunicamos por email, la justicia sigue usando la hoja de calco para obtener copia de los documentos, pero no se explica que en el país en el que la hacienda pública lo sabe todo y nos da la declaración de la renta hecha conociendo hasta nuestro más humilde donativo a la ONG de nuestro corazón, la cual despachamos con esos escasos 50 euros anuales, no tenga para comprar ordenadores para el ministerio de justicia.

Eso sí, los periódicos cercanos a los gobiernos, despliegan titulares sobre Rajoy pero no hablan del caos judicial español.

País