ETA FUERA DE LAS INSTITUCIONES

Hace días Fernando Savater leía un manifiesto firmado por Basta Ya, Foro de Ermua y Covite, en el que se pide al gobierno que no permita la participación en las próximas elecciones de Batasuna sea con el nombre que sea, si previamente no se ha disuelto ETA o Batasuna no condena expresamente a ETA.

En la página de Basta Ya se puede firmar dicho manifiesto que reproduzco a continuación.

Los aquí reunidos representamos a tres movimientos vascos de resistencia contra el terrorismo etarra y por la reivindicación de sus víctimas. Creemos haber acreditado suficientemente nuestro compromiso con la defensa de los valores constitucionales, así como nuestro conocimiento de primera mano de la situación social y política creada en nuestra tierra por la intimidación de los violentos, que ya dura décadas. Entre nosotros hay votantes de distintos partidos. Recogemos así el pluralismo de la sociedad vasca, sin que por ello respondamos a la obediencia ni a las consignas de ninguno. Queremos hacer hincapié en que la contienda electoral entre los diversos partidos, con su legítimo intercambio de críticas y mutuas reconvenciones, enmascara a menudo el problema de fondo de lo que nos jugamos en la lucha para derrotar a ETA.

Aunque se trata sin duda de una lacra que afecta a todos los españoles, somos los ciudadanos en Euskadi quienes sufrimos más directa y continuamente no sólo la amenaza terrorista, sino sus efectos en la libertad de expresión, en las campañas electorales, en la información audiovisual, en la educación y en general en la vida cotidiana. No sólo quienes han padecido en carne propia los atentados son víctimas de ETA: también lo hemos sido y lo somos cuantos vemos cercenadas nuestras libertades ciudadanas. Nuestra principal preocupación se resume así: después de que la violencia de ETA haya logrado que cuanto no es radicalmente nacionalista sea difícilmente visible y audible en Euskadi, no queremos que el cese del terrorismo conlleve como premio o consecuencia la consolidación definitiva de esta espuria hegemonía.

Hemos encontrado graves motivos de preocupación en las últimas actuaciones del Gobierno español en este tema y sobre todo en las declaraciones realmente irresponsables de algunos de sus portavoces. El mal llamado “proceso de paz” se mantuvo desde un principio –en contra de lo acordado en el Parlamento- pese a la existencia del terrorismo callejero y de la extorsión terrorista a los empresarios. Resulta evidente que en estas condiciones la negociación con ETA emprendida por el Gobierno deroga de hecho el Pacto Antiterrorista, tal como siempre han pretendido tanto los nacionalistas que gobiernan como los que ejercitan la violencia, pues ven en ese Pacto el principal obstáculo político y democrático a sus proyectos de hegemonía independentista. Aunque oficialmente interrumpido tras el atentado de Barajas, hay razones para suponer que el proceso de negociación entre el Gobierno y ETA prosigue de modo extraoficial y oculto, incluso cuando la kale borroka no solo perdura sino que ya ha causado la primera víctima mortal de su historia. Lo más flagrante ha sido la encubierta excarcelación del terrorista Iñaki de Juana Chaos, en lo que nos parece indudablemente una cesión por razones políticas a su chantaje. Queremos recordar que el chantaje es siempre el instrumento del terrorismo: “cuando me des lo que pido, te dejaré en paz”. Y cuando el Estado cede a este chantaje, sean cuales fueren las justificaciones tácticas o jurídicas que se esgriman, está deslegitimando a las instituciones democráticas y, de manera especial, a todas las personas que desde sus puestos de trabajo, responsabilidades familiares o cargos públicos, llevan décadas resistiéndose cívicamente al permanente chantaje del terrorismo. Nada de lo que pueda ganarse así compensa lo que definitiva y radicalmente se pierde.

Por tanto, desde nuestra experiencia y compromiso contra el terrorismo, que pensamos mantener en el futuro pese a quien pese, solicitamos del gobierno de España:

Primero. Que se mantenga con firmeza y sin rodeos la exclusión de Batasuna del sistema político, impidiendo que participe en las próximas elecciones municipales, autonómicas y forales si no se desvincula explícita e inequívocamente de la actividad terrorista de ETA, y no de la violencia en general. Mientras la violencia terrorista persista y ETA no se disuelva, no cabe aceptar ninguna transacción política con Batasuna o con cualquier otra organización que pretenda dar voz política y participación institucional al terrorismo nacionalista. Por ello, no son aceptables fórmulas de encubrimiento que, a través del partido EHAK o de otras organizaciones, acaben colocando a los representantes de ETA en los Ayuntamientos y Diputaciones vascas A este respecto, conviene recordarle al Gobierno que no es lo mismo lo meramente legal que lo políticamente decente, ni siquiera que lo aceptable por simple prudencia.

Segundo. Rechazar con absoluta claridad cualquier forma de entrega de Navarra a la comunidad de la Gran Euskadi con que sueñan los terroristas. Por un camino u otro, aunque sea sinuoso y “light”, los de ETA y Batasuna consideran esencial para su proyecto político –y como precio al final de la violencia terrorista- apropiarse de Navarra. Para quienes constitucionalmente se les resisten debe ser igualmente crucial que no lo consigan. Y el partido socialista tiene una buena ocasión de acallar a sus críticos, manifestando su inequívoca decisión de no unir sus votos a los nacionalistas para ninguna forma de asimilación encubierta de Navarra al País Vasco.

Tercero. Una vez que acabe efectiva y totalmente la actividad terrorista, sólo deberá hablarse con ETA, y exclusivamente sobre la propia ETA, sobre su disolución y el modo en que sus militantes asumen las responsabilidades penales en las que hayan incurrido. No son aceptables mesas de partidos que obtengan refuerzos para la hegemonía nacionalista con pretexto del final de la violencia o que sencillamente fomenten dudas sobre la “insuficiencia” de la democracia estatutaria y constitucional hoy vigente.

Cuarto. Es urgente e imprescindible que los poderes públicos emprendan la investigación y en su caso el castigo penal de los pagos a ETA de particulares o entidades corporativas, extorsionadas por la banda mafiosa. En ese campo, la eximente de necesidad por miedo insuperable se convierte en franco amparo de la complicidad. Sin dinero, ETA se acaba: no debe haber más dinero para ETA. Dado que hasta ahora ningún gobierno se ha tomado este tema realmente en serio, es una buena ocasión para que el actual se reivindique ante los escépticos y confirme su liderazgo antiterrorista.