Caso zanjado

El archivo definitivo de la causa abierta contra el anterior lehendakari, Juan José Ibarretxe, el actual, Patxi López, y su consejero de Interior, Rodolfo Ares, por haberse reunido con los representantes de la izquierda abertzale Otegi, Etxeberria, Barrena, Petrikorena y Dañobeitia fue resuelto ayer por el Supremo al considerar que esos encuentros «no eran constitutivos de delito», zanjando unos procedimientos que resultaron controvertidos desde el principio. La unanimidad mostrada en este punto por los cinco integrantes de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal no deja lugar a dudas. Pero, a la espera de conocer el contenido del auto, sería excesivo concluir que el Supremo sitúa la iniciativa del Tribunal Superior vasco fuera de todo sentido jurídico. Y mucho menos permite tacharla de 'despropósito', como ayer hizo el presidente del PNV, Iñigo Urkullu. Es lo que, por de pronto, cabe interpretar de que la Sala de lo Penal considere que las acusaciones populares estaban legitimadas para recurrir ante el Supremo el archivo de la causa dictado por el propio Tribunal Superior una vez llevados a juicio los imputados.

La actuación de la Justicia ha podido resultar desconcertante e incluso inexplicable a los ojos de una buena parte de la opinión pública vasca. Pero, frente a la «restitución del honor» de los encausados reclamada ayer mismo por el PNV, conviene señalar que ninguno de ellos pudo sentirse en ningún momento en una situación de indefensión o con sus derechos civiles disminuidos. Es más, el público debate sobre si los contactos entre representantes institucionales y de formaciones democráticas con dirigentes que mantenían viva la actividad de la Batasuna ilegalizada podían constituir un ilícito penal o, por el contrario, formar parte del necesario diálogo político sirvió para que la defensa de Ibarretxe se convirtiera en un alegato continuado a favor de sus particulares tesis respecto al logro de la paz. Es de suponer que a la luz de la resolución del Supremo los interlocutores de Ibarretxe, López y Ares han pasado a ser considerados representantes de la izquierda abertzale, sin más. Pero que aquellas conversaciones no fuesen constitutivas de delito no las convierte en políticamente convenientes, ni da carta de naturaleza a cualquier actuación pública de esos u otros representantes de la izquierda abertzale ilegalizada.

Hasta aquí el editorial de El Correo de hoy.

Poco más cabe añadir; si acaso recalcar que, hoy en día, el Lehendakari López no se reuniría con aquellos sin causar grave menoscabo a un crédito bien ganado. Lo que hoy es el sentir de la mayoría, unos pocos lo sentíamos y otros menos le dieron forma a una querella que causó un vendaval y mostró públicamente las escasas convicciones nacionalistas por el estado de derecho.

País