A mi exposición sobre Lizartza me responde con generalidades Larrabasterrako Itsasgizona, y aún sin querer entrar punto a punto por sus opiniones, debo aclarar algunas cosas.
Creo saber, y tengo experiencia en carne propia, lo que es “la realidad” de Sopelana, por lo que me imagino Lizartza, creo que tú conoces menos Sopelana y nada Urdúliz, donde tampoco está ANV en el Ayuntamiento y sí lo está el PNV en las dos últimas legislaturas.
La ley de partidos es la misma que había hace cuatro años cuando Egibar se proclamó alcalde, por lo que sólo queda el desistimiento nacionalista.
Dice el refrán, de los valientes, que el miedo es libre y cada uno coge el que quiere, pero cuando falta la solidaridad activa, tan cacareada en su día desde el Gobierno Vasco, con los perseguidos por el nacionalismo, el que el partido mayoritario, el que lleva gobernando casi 30 años en la CAV y más en Guipúzcoa, no tenga el coraje democrático de defender la legalidad en Lizartza, tiene difícil explicación, salvo que se pretenda congraciarse con los ilegales y dejar solos a los demócratas.
A estas alturas de la historia, hay que reconocer que ANV tiene representación donde ha querido tenerla, ¿por qué si no en Sopelana hubo listas y en Urdúliz no?
No es de recibo que digas gratuitamente que esa ley merma derechos fundamentales. El gran derecho fundamental es el que tiene la democracia de defenderse de quienes la quieren sustituir por la ley de la selva. Cuando se calla y en muchos casos se impulsa la eliminación del contrario desde una formación política, no se la debe dejar competir con esa ventaja.
Hay tribunales para recurrir, el TC ya se pronunció y el Europeo de Derechos Humanos también, sobre el recurso incomprensible del Gobierno Vasco.
Sobre esto escribe Carlos Fernández de Casadevante en un libro leído recientemente y del que dejé constancia en este Blog, que <la concepción de que toda ideología y todo proyecto político son legítimos y, por lo tanto, deben tener la posibilidad de defenderse públicamente (máxime si cuentan con apoyo de los ciudadanos) merece una reflexión. De entrada, el sentido común advierte que determinadas ideologías y determinados proyectos políticos no deben ser tolerados ni siquiera en sistemas democráticos. ¿Cabe defender la legitimidad de proyectos políticos que, por ejemplo, alientan el racismo, la xenofobia, el genocidio, la exterminación, la discriminación, el fascismo, el nazismo, cualquier tipo de totalitarismo o que se alimentan o utilizan el terrorismo para alcanzar sus objetivos? ¿Debe la democracia permitir que tales ideas y proyectos tengan cauces de expresión?> y a partir de esa constatación lógica analiza la amplia jurisprudencia que el TEDH tiene dictada sobre la ilegalización de partidos en los estados firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Finalizo señalando como lo hace Fernández Casadevante que el código penal español, al igual que otros muchos de nuestro entorno tiene tipificado como delitos por ejemplo la apología del terrorismo, la incitación al genocidio y la xenofobia. En fin que nadie usurpa nada a los que no tienen derecho a representar a los ciudadanos, y en todo caso lo mismo se usurpaba en 2003 que en 2007, lo que nos vuelve al comienzo de la discusión. ¿Por qué Egibar y el PNV dejan huérfanos de representación a los demócratas de Lizartza?
Salud