Bajo este título publica en la web de la Fundación para la libertad José María Ruíz Soroa, algo más que un comentario sobre el libro de Patxi Baztarrica “Babel o barbarie”; Ruiz Soroa ya protagonizó una controversia con Ramón Jauregui a raíz de un artículo de éste en el que alababa el bilingüismo belga.
Les recomiendo encarecidamente la lectura del ensayo completo a quienes estén medianamente interesados en el problema de la inmersión que nos traen los políticos nacionalistas y no sólo los nacionalistas.
A continuación les copio unos primeros párrafos que espero les lleven a sentir curiosidad sobre el asunto
La política que nos gobierna, la de los nacionalistas o vasquistas, da por sentado que el bilingüismo es un objetivo poco menos que natural en la sociedad vasca, que es un objetivo que va de soi y que por tanto no requiere para justificarse sino de unas cuantas invocaciones retóricas a la identidad, la historia, la cohesión social y demás tópicos borrosos de uso corriente. Y, sin embargo, vista objetivamente, la política lingüística que se practica hoy y ahora entre nosotros consiste en una tan gigantesca operación de ingeniería social, y además, una operación con tan altos costes personales, que sorprende que se haya emprendido sin un examen teórico de su legitimidad y, sobre todo, sorprende que no suscite esa cuestión crítica de la justificación una vez puesta en práctica. Porque de lo que se trata de nada menos que conseguir que algo así como el 70% de la población vasca adquiera una nueva lengua, la particular del 30% restante. Que el monolingüismo quede borrado de la realidad vasca y toda la población se convierta en bilingüe. “Se acabó el monolingüismo porque todos deberán renunciar a él”, dice Baztarrika (pg. 427). Y eso a pesar de que ese 30% ya posee la lengua del 70% en cuestión, es decir, de que ya existe una lengua común a todos los vascos. Con lo que resulta que la gigantesca operación de ingeniería social no se fundamenta en necesidades comunicativas –que son las propias a que atienden las lenguas- sino en necesidades exclusivamente simbólicas o identitarias. Por otro lado, una tal operación (dada la distancia estructural entre ambas lenguas) entraña dificultades notables para los afectados y, por ello, requiere de políticas ciertamente invasivas y coercitivas sobre las personas: pues sólo creando un complejo sistema administrativo de limitaciones, premios y sanciones a todos los niveles se puede conseguir que la mayor parte de la población participe en ese cambio y se someta al deseo diseñado desde arriba.
Intervencionismo relevante, afectación sensible de ámbitos propios de la personalidad individual, objetivos realmente insólitos, todo ello parece que debiera ir acompañado de un profundo debate sobre la validez democrática de las razones en su apoyo.
Y, sin embargo, no es así. Ni en la élite política que la ha decidido, ni sobre todo en el ámbito universitario que se supone reflexivo y crítico por principio, han generado apenas cuestionamiento o atención las cuestiones de legitimidad. Ésta se ha dado por supuesta, y la reflexión se ha centrado en los aspectos procedimentales de su implantación (el cómo, el dónde y a qué ritmo que antes mencionábamos). Cualquier intento de cuestionamiento, nacido a veces al calor de los problemas y dramas concretos que ha suscitado esa política, se ha soslayado con una simple referencia al carácter legal de la política en cuestión: es la ley emanada de un parlamento democrático la que aprobó esta política, luego no hay lugar a su examen desde los parámetros de la legitimidad –se nos dice-, sino sólo desde los de la conveniencia prudente y pragmática en su aplicación. Curiosa interpretación de la legitimidad democrática ésta, que cree que el mero hecho de haber sido aprobada en un parlamento convierte a una norma en algo excusado de justificación. Sic volo, sic iubeo.
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